Pese a ser 2019 un año electoral, el proyecto de ley de Ficha Limpia comenzó a tratarse en el Congreso

Cuando Gastón Marra inició en Change.org su petición por una Ley de Ficha Limpia, seguramente no imaginaba convertirse en el impulsor de una petición multitudinaria, de una verdadera campaña cívica que refleja hasta qué punto nuestra sociedad está hastiada de la corrupción.

Cerca de 280.000 personas ya firmaron reclamando que toda persona condenada por delitos contra el patrimonio del Estado no puedan ser candidatos a cargos electivos aunque la sentencia no se encuentre firme.

Hace pocos días ocurrió un hecho notable. Pese a ser 2019 un año electoral y en medio de una campaña fuertemente agresiva y polarizada, el proyecto empezó a tratarse en la Cámara de Diputados. No sólo eso sino que tuvo dictamen de las Comisiones respectivas por lo que el proyecto, ahora unificado, se encuentra en condiciones de ser tratado por el pleno de la Cámara y, de contar con los votos necesarios, tener media sanción legal.

Se realizó en el Anexo C de Diputados un acto a sala llena, donde numerosas personas no pudieron ingresar por falta de capacidad del lugar. Alli se entregó simbólicamente la petición a los diputados. Diversos oradores resumieron el sentido de la iniciativa ante una concurrencia claramente identificable como ciudadanos “de a pie”, sin identificación con ningún partido político, varios de los cuales comentaban que nunca imaginaron estar dentro del Congreso ni participar de un evento así.

Vale la pena saber de qué trata Ficha Limpia y cuáles son sus fundamentos:

Allí se establece que los delitos contra el Estado que conlleven enriquecimiento de su autor, son delitos contra el sistema democrático (art. 36 de la Constitución Nacional).

Según la Ley de Empleo Público (art. 5), los procesados por delitos dolosos y, en especial, por los cometidos contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, no pueden acceder a ningún puesto en el Estado.

Sin embargo para ser candidato a cargos electivos la prohibición hasta hoy sólo alcanza a los condenados con sentencia firme, salvo en los casos de delitos de lesa humanidad respecto de los cuales basta un procesamiento para que el procesado no pueda proponerse como candidato.

Las causas por corrupción duran catorce años en promedio y, en muchos casos, concluyen por prescripción, es decir, por el paso del tiempo sin que la Justicia llegue a juzgar a los corruptos.

La prohibición de ser candidato en determinados casos es una medida protectoria para la sociedad que tiene legítimo derecho a protegerse evitando que personas sobre quienes hay una fuerte presunción de que han cometido graves delitos — y en especial, delitos contra el Estado — accedan nada menos que a ser esos mismos personajes quienes sancionen las leyes que nos rigen.

En numerosos países de la región como Uruguay, Chile, México, El Salvador y Honduras, un procesamiento es suficiente para bloquear la candidatura. En Brasil se requiere una sentencia de segunda instancia, aunque no esté firme. En España lo impide una sentencia de primera instancia.

La propuesta de Ficha Limpia, recogida así en el dictamen de mayoría, plantea un régimen legal similar al de Brasil, vale decir que quien tenga una sentencia de segunda instancia condenatoria no pueda ser candidato.

La realidad en nuestro país es que los procesos se prolongan de manera interminable. Los corruptos — y los delincuentes de guante blanco, en general — siempre cuentan con dinero para pagar excelentes defensas capaces de demorar cada causa. Y las sentencias, cuando llegan, lo hacen muy tarde.

Por eso es absolutamente prioritario dar un paso más y que se avance hacia la aprobación de una ley que establezca que sea suficiente la iniciación de un proceso judicial contra un acusado por delito contra el Estado, para que esa persona no pueda ser candidato.

Es oportuno recordar que en Argentina los juicios penales en el ámbito federal se realizan ante un Tribunal Oral integrado por tres jueces. Para llegar al juicio oral hace falta el procesamiento por el Juez de Primera Instancia que debe ser luego confirmado por la Cámara de Apelaciones, también integrada por tres jueces y, casi siempre, termina siendo analizada por la Cámara de Casación, lo que implica que intervengan otros tres jueces.

En otras palabras, para que alguien sea condenado por un Tribunal Oral deben haber intervenido entre 7 y 10 jueces lo que le otorga a la primera condena una clarísima e indiscutible presunción de legitimidad que debe bastar para evitarle a la sociedad el riesgo de que el condenado sea candidato a cargos electivos.